jueves, 22 de abril de 2010

Carta a parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo

Acudo a ustedes para manifestarles mi honda indignación por el estado de abandono del tema de las desapariciones de personas en España, presuntamente asesinadas sin dar cuenta de paradero en el caso de adultos o raptadas y entregadas a personas adictas al régimen represor, en el caso de niños, todo ello en el curso de la represión genocida que de forma sistemática realizó el régimen de Franco, desde el golpe de estado contra el gobierno legítimo de la II República en julio de 1936 hasta el final del mismo régimen.

Durante los setenta años largos transcurridos desde los hechos, tanto en vida de Franco como después, la Justicia Oficial miró para otra parte en relación con este asunto, a pesar de que estaba obligada a investigar tan tremenda injusticia en virtud de las leyes civiles; unas veces por miedo, otras veces por cálculo, otras veces sin duda por complicidad.

Y por fin, cuando por primera vez un juez (Don Baltasar Garzón Real, de la Audiencia Nacional) aceptó investigar esas desapariciones y secuestros de niños a instancia de asociaciones de familiares de víctimas, y viéndose este forzado a inhibirse a favor de los juzgados ordinarios, nos encontramos con una mayoritaria tendencia a archivar los hechos por parte de los jueces ordinarios al tiempo que el primer juez instructor acaba siendo juzgado por el Tribunal Supremo por prevaricación por no haber tenido en cuenta ¡una Ley de Amnistía contraria a todo el derecho internacional en estas materias, a instancias de varias organizaciones de extrema derecha, de entre las que destaca Falange Española y de las JONS, protagonista histórica del golpe de Estado de 1936 y presunta culpable de los crímenes que se trataba de esclarecer!

Es por ello que acudo ante ustedes en petición de que consideren y hagan valer estos razonamientos que estimo son de Justicia y Decencia, en un tema que ha recibido el respaldo de 14 asociaciones por la memoria histórica y pro derechos humanos de España y Francia.

martes, 13 de abril de 2010

La condena del terrorismo como test de pureza democrática

A la izquierda abertzale se le impide de hecho la práctica política basándose sobre todo en "que no condenan el terrorismo de ETA". Se les exige una condena activa de ese terrorismo. Es discutible esa discriminación política, pero sea: aceptemos como hipótesis de trabajo ese procedimiento de "limpieza democrática".

Ahora bien ¿es ese el único terrorismo que ha habido en España? ¿es ni siquiera el más importante en víctimas o en efecto de terror real creado sobre el cuerpo social? Puestos a aceptar ese procedimiento de condena ¿cómo es que se nos escapa la mayor? ¿Por qué no se exige a todas las formaciones políticas, para ejercer de tales, una condena expresa del terror de Franco, aún tan presente como si viviera el dictador, y si no que se lo pregunten a Garzón o al propio Zapatero? ¿Cuantas decisiones no se toman pensando en la reacción de los intactos poderes fácticos?

Es obvio que muchas formaciones harían explícita esa condena sin forzamiento, pero ¿por qué no se prueba con el PP, o con Mayor Oreja, para quien aquel terror era una etapa de "extraordinaria placidez"? ¿hacemos una "porra" sobre el resultado, no todas se han de hacer sobre futbol?

Y si no se condena el mayor y más duradero régimen de terror efectivo que ha habido en España en tiempos modernos ¿qué legitimidad moral nos queda para excluir de la vida política a quienes no condenan otros terrorismos cruentos en efecto, pero comparativamente menores? Ese test de pureza democrática que consiste en condenar los terrorismos, ya de legitimidad endeble si no se matiza, si, además, no se ejecuta con caracter universal se termina conviertiendo en pura hipocresía, que terminará desacreditando a aquel sistema que lo aplique de manera tan parcial

lunes, 5 de abril de 2010

Pederastia en Jóvenes Rockeros y en la Iglesia Católica

Un tertuliano del blog del Gran Wyoming en publico.es dice que nadie se escandalizaría de que una (supuesta) Asociación de Jóvenes Roqueros abusara de niños mientras que sí se hace con la Iglesia Católica con intención de denigrarla, y yo contesto:

Entre otras cosas porque de la Asociación de Jóvenes Rockeros (AJR) no se conocen antecedentes sistemáticos de pederastia mientras que en el seno de la Iglesia Católica (IC) los antecedentes desbordan: en Boston, en Canadá, en Irlanda, en Austria, en Alemania, en España, en los Legionarios de Cristo, en San Viator, etc., etc., etc. Porque la AJR no se dedica a dar lecciones de moral, en especial en relación con el sexo y en la IC, sí. Porque en la AJR no se escandalizan sobre las costumbres de los demás y en la IC, si. Porque ningún fundador de la AJR dijo jamás: y el que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen, mejor sería que le echasen al cuello una muela asnal y le arrojasen al mar, como dice Marcos 9:42 que dijo Jesús de Nazareth, fundador según dicen ellos de la IC. Porque, en resumen, es mucho más revulsivo e infame sodomizar niños o taparlo y excusarlo cuando se es miembro de una asociación de sepulcros blanqueados tan hipócritas como sus antecesores fariseos, que de una supuesta AJR que se dedica a su rock sin pretensiones de ejemplaridad.

jueves, 1 de abril de 2010

La corrupción política

Es de preocupar a toda persona con un mínimo de interés por la persistencia de un Estado de Derecho la degradación creciente de la imagen de la Política y los políticos en España por causa de la lluvia constante de casos flagrantes de corrupción. Altísimos cargos de la Administración (presidentes de Comunidades o diputaciones, exministros, alcaldes) o de la maquinaria de los partidos mayoritarios (tesoreros y otros cargos ejecutivos) tienen procesos en marcha más o menos avanzados, e incluso algunos con sentencia firme. Y, a pesar de ello, son muy escasas y tardías las intervenciones “terapéuticas” de las direcciones de los partidos implicados para extirpar o limpiar su cuerpo social de personas y prácticas tan dañinas no tanto para el propio partido cuanto para el país en general.

Esa lasitud de las direcciones en la lucha contra la corrupción política llega a tal extremo que hace razonable entrar en sospechas de si en realidad no se estará protegiendo al corrupto más que precaviéndose de él. Esas apelaciones constantes a la “presunción de inocencia”, esa demora en adoptar medidas ante el más que probable transgresor de las normas éticas “hasta que hubiera sentencia firme”, las presiones (hasta el límite del acoso y la amenaza) contra los actores judiciales que intervienen en los casos, son más propias de un defensor sin escrúpulos que de un celoso vigilante de la pureza ética, en un universo tan moralmente oscuro y dudoso como el de la política

Pero es que, además, con todo ello, se están pervirtiendo los valores y se están confundiendo los conceptos. La maquinaria de la Justicia tiene que funcionar con independencia y eficacia en estos casos – mucho más dañinos por cierto para la Sociedad que la mayoría de la delincuencia común - y, ante ella, los defensores harán valer la presunción de inocencia de sus defendidos, como valor constitucional que es, no cabe duda. Sin embargo, el partido político al que perteneciera el presunto corrupto ¿por qué razón ha de aguardar a que terminen los jueces su trabajo antes de extirpar el mal de su propio seno? ¿no sería mucho más conveniente – si no, obligado – que al menor indicio organizara su propia auditoría interna, para la que dispondrá sin duda de más facilidades de información que las de la propia Justicia, en paralelo e independiente a la acción de aquella? ¿no sería incluso más conveniente que esa auditoría interna del partido en cuestión funcionara de forma permanente de manera que vigilara el menor brote de esas perniciosas prácticas en una nómina tan grande de cargos públicos como la que se relaciona con cualquiera de los grandes partidos? Y si esto fuera así, como parecería obligado ¿no sería lógico que esas malas hierbas fueran detectadas y extirpadas por el propio partido mucho antes de que llegaran a las manos de la Justicia, sin perjuicio de la acción de ésta? Y si para ese partido los mayores intereses a defender fueran los de la Nación y la Ciudadanía ¿no parecería también obligado que fuera el propio partido el que pusiese a esos delincuentes ante la Justicia e incluso, como parte perjudicada, que se personara en la causa en contra de ellos y pusiera a disposición de los jueces toda la información de que dispusiera en virtud de su propia indagación? Todo esto sería propio de un partido honrado, responsable y celoso de su buen nombre. Lo que se va viendo, no.

Madrid, jueves, 01 de abril de 2010