La opinión, sea humorística o no, sea desagradable o no, debe ser contestada o contrastada con otra opinión, y mejor, si es posible, razonada, pero nunca debe ser objeto de una querella o una ley.
La libre expresión, siempre que la expresión no sea claramente injuriosa o insultante, debe ser defendida por todo demócrata.
"Odio lo que usted dice, pero daría mi vida por la libertad que le asiste para hacerlo", que dijo aquel demócrata sabio y consecuente.
Lo de menos es ya, siendo
importante, que el acceso a la judicatura (o fiscalía o a letrados de
tribunales) sea justo y equitativo; lo peor es que si no lo es, por falta de
recursos económicos o de influencias, las plazas se proveerán y promocionarán
mayoritariamente dentro de una clase (acomodada, por supuesto), los jueces y
demás representarán mayoritariamente a una sola clase y como consecuencia la justicia
será mayoritariamente una justicia de clase (alta, por supuesto), sesgada,
parcial y desigual: una justicia para robagallinas, rateros y putillas y un
coladero para los grandes delincuentes poderosos, instalados o institucionales.
La democracia en la Justicia
empieza en sus procedimientos de acceso y continúa en sus procedimientos de
promoción. Por falta de ello España padece de una Justicia de clase alta, de
una justicia no democrática.
Madrid, 9 de noviembre de 2021
Francisco Redondo
