Acudo a ustedes para manifestarles mi honda indignación por el estado de abandono del tema de las desapariciones de personas en España, presuntamente asesinadas sin dar cuenta de paradero en el caso de adultos o raptadas y entregadas a personas adictas al régimen represor, en el caso de niños, todo ello en el curso de la represión genocida que de forma sistemática realizó el régimen de Franco, desde el golpe de estado contra el gobierno legítimo de la II República en julio de 1936 hasta el final del mismo régimen.
Durante los setenta años largos transcurridos desde los hechos, tanto en vida de Franco como después, la Justicia Oficial miró para otra parte en relación con este asunto, a pesar de que estaba obligada a investigar tan tremenda injusticia en virtud de las leyes civiles; unas veces por miedo, otras veces por cálculo, otras veces sin duda por complicidad.
Y por fin, cuando por primera vez un juez (Don Baltasar Garzón Real, de la Audiencia Nacional) aceptó investigar esas desapariciones y secuestros de niños a instancia de asociaciones de familiares de víctimas, y viéndose este forzado a inhibirse a favor de los juzgados ordinarios, nos encontramos con una mayoritaria tendencia a archivar los hechos por parte de los jueces ordinarios al tiempo que el primer juez instructor acaba siendo juzgado por el Tribunal Supremo por prevaricación por no haber tenido en cuenta ¡una Ley de Amnistía contraria a todo el derecho internacional en estas materias, a instancias de varias organizaciones de extrema derecha, de entre las que destaca Falange Española y de las JONS, protagonista histórica del golpe de Estado de 1936 y presunta culpable de los crímenes que se trataba de esclarecer!
Es por ello que acudo ante ustedes en petición de que consideren y hagan valer estos razonamientos que estimo son de Justicia y Decencia, en un tema que ha recibido el respaldo de 14 asociaciones por la memoria histórica y pro derechos humanos de España y Francia.
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