La corrupción política

Es de preocupar a toda persona con un mínimo de interés por la persistencia de un Estado de Derecho la degradación creciente de la imagen de la Política y los políticos en España por causa de la lluvia constante de casos flagrantes de corrupción. Altísimos cargos de la Administración (presidentes de Comunidades o diputaciones, exministros, alcaldes) o de la maquinaria de los partidos mayoritarios (tesoreros y otros cargos ejecutivos) tienen procesos en marcha más o menos avanzados, e incluso algunos con sentencia firme. Y, a pesar de ello, son muy escasas y tardías las intervenciones “terapéuticas” de las direcciones de los partidos implicados para extirpar o limpiar su cuerpo social de personas y prácticas tan dañinas no tanto para el propio partido cuanto para el país en general.

Esa lasitud de las direcciones en la lucha contra la corrupción política llega a tal extremo que hace razonable entrar en sospechas de si en realidad no se estará protegiendo al corrupto más que precaviéndose de él. Esas apelaciones constantes a la “presunción de inocencia”, esa demora en adoptar medidas ante el más que probable transgresor de las normas éticas “hasta que hubiera sentencia firme”, las presiones (hasta el límite del acoso y la amenaza) contra los actores judiciales que intervienen en los casos, son más propias de un defensor sin escrúpulos que de un celoso vigilante de la pureza ética, en un universo tan moralmente oscuro y dudoso como el de la política

Pero es que, además, con todo ello, se están pervirtiendo los valores y se están confundiendo los conceptos. La maquinaria de la Justicia tiene que funcionar con independencia y eficacia en estos casos – mucho más dañinos por cierto para la Sociedad que la mayoría de la delincuencia común - y, ante ella, los defensores harán valer la presunción de inocencia de sus defendidos, como valor constitucional que es, no cabe duda. Sin embargo, el partido político al que perteneciera el presunto corrupto ¿por qué razón ha de aguardar a que terminen los jueces su trabajo antes de extirpar el mal de su propio seno? ¿no sería mucho más conveniente – si no, obligado – que al menor indicio organizara su propia auditoría interna, para la que dispondrá sin duda de más facilidades de información que las de la propia Justicia, en paralelo e independiente a la acción de aquella? ¿no sería incluso más conveniente que esa auditoría interna del partido en cuestión funcionara de forma permanente de manera que vigilara el menor brote de esas perniciosas prácticas en una nómina tan grande de cargos públicos como la que se relaciona con cualquiera de los grandes partidos? Y si esto fuera así, como parecería obligado ¿no sería lógico que esas malas hierbas fueran detectadas y extirpadas por el propio partido mucho antes de que llegaran a las manos de la Justicia, sin perjuicio de la acción de ésta? Y si para ese partido los mayores intereses a defender fueran los de la Nación y la Ciudadanía ¿no parecería también obligado que fuera el propio partido el que pusiese a esos delincuentes ante la Justicia e incluso, como parte perjudicada, que se personara en la causa en contra de ellos y pusiera a disposición de los jueces toda la información de que dispusiera en virtud de su propia indagación? Todo esto sería propio de un partido honrado, responsable y celoso de su buen nombre. Lo que se va viendo, no.

Madrid, jueves, 01 de abril de 2010